El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Henry Molina, durante la audiencia plenaria del Alto Tribunal dedicada a Minerva Mirabal, luchadora de la resistencia democrática que juramentó a 735 nuevos abogados, dijo que promover la libertad y la dignidad de las personas y a toda costa. pero defenderlas es responsabilidad de todos los que creen en la convivencia y el Estado de Derecho, dijo.
La ceremonia de juramentación de los abogados se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente el 25 de noviembre para conmemorar el día del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960. En su discurso, la Presidenta del Tribunal Supremo instó a quienes prestaran juramento a emular el ejemplo de estas mujeres en su lucha democrática.
El recuerdo de la lucha por la democracia reviste hoy una importancia especial. Esto se debe a que los fracasos del sistema se utilizan a menudo para glorificar una forma de democracia anticuada y totalmente inaceptable”, dijo el Presidente del Consejo Judicial.
En la audiencia, en la que juraron 402 mujeres y 333 hombres, el magistrado Henry Molina reconoció póstumamente a Minerva Mirabal como jurista, una represalia histórica y simbólica por los derechos violados por la dictadura de Trujillo.
Y es que Minerva Mirabal estudió Derecho, completó sus estudios y publicó su tesis, pero nunca fue autorizada a ejercer ante los tribunales. ¿Por qué? Porque era mujer y luchadora. Recordó que tuvo que esperar hasta noviembre del 2020 para que el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto No 671-20, le expidiera una licencia póstuma para ejercer la abogacía.
‘Hoy me enorgullece ser parte de la restitución de este derecho conculcado al nombrar la ceremonia de juramentación de abogados en honor a Minerva Mirabal y certificar su ceremonia de juramentación póstuma’, dijo Molina.
La jueza Molina también instó a los nuevos profesionales del Derecho a continuar el legado de Minerva Mirabal de abogacía digna y comprometida con la promoción del Estado de Derecho y la dignidad de todas las personas.
Enfatizó que el Poder Judicial está promoviendo políticas para erradicar la violencia, entre ellas la creación de centros de entrevistas en todos los departamentos judiciales y la ampliación de su alcance a casos de violencia sexual, el desarrollo de una política de igualdad de género y la inclusión de una guía de buenas prácticas sobre casos de violencia doméstica y familiar.
Explicó además que la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia es una respuesta necesaria al drama de la violencia persistente y exige un reconocimiento colectivo de la necesidad de mejorar como país.
Con esta promesa, hagamos honor a este legado y honremos nuestro compromiso de mejorar el sistema y facilitar el camino de quienes buscan justicia. Me refiero a la labor de interactuar con las normas y contribuir a su mejora, ya que el derecho y la justicia son vitales para todos los ámbitos de la vida y para el futuro de la convivencia”, afirmó.
Homenaje a las juezas
Tres juezas -Guillermina Marizan Santana, Yadira de Moya Kunhardt y Elena Bellido Badia de Contreras- han trabajado incansablemente por la justicia en Dominica a lo largo de sus carreras.
Perfil de Minerva Mirabal
Minerva Mirabal Reyes de Tavares nació el 12 de marzo de 1926 en Ojo de Agua, provincia de Salcedo. Abogada y activista dominicana, fue una de las primeras mujeres en doctorarse en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1957, durante la dictadura de Trujillo.
Junto a su hermana María Teresa, Minerva tuvo una larga carrera de intriga y resistencia y, al igual que sus maridos, fue encarcelada y torturada en numerosas ocasiones; el 18 de mayo de 1960 fueron juzgadas en Santo Domingo, junto a sus cónyuges, por poner en peligro la seguridad del Estado dominicano y, tras ser declaradas culpables, condenadas a tres años de prisión. Fueron declarados culpables y condenados a tres años de prisión.
Minerva Mirabal fue asesinada el 25 de noviembre de 1960 en La Cumbre, entre Santiago y Puerto Plata, junto a sus hermanas Patria y María Teresa. El crimen fue cometido por agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la carretera Santiago-Puerto Plata.
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