Washington, 21 dic (Prensa Latina) Texas parece aspirar a convertirse en el primer estado federal en el que se impongan medidas extremas, como demuestran las prohibiciones de la inmigración, el aborto y, ahora, los libros considerados inapropiados.
El Consejo Estatal de Educación aprobó la semana pasada las directrices sobre bibliotecas en 1.000 distritos escolares del sur del estado antes de la fecha límite del 1 de enero.
La polémica sobre los libros que deben estar en las bibliotecas escolares se ha desatado durante años, con políticos conservadores y padres que exigen la retirada de libros que consideran inapropiados. Muchos de los libros objeto de censura son de temática LGBTQ o presentan personajes diversos.
Según un estudio de PEN America, organización estadounidense y mundial que defiende la libertad de expresión, Texas ha retirado más libros de las bibliotecas escolares que ningún otro estado.
Solo entre julio de 2021 y junio de 2022, se retiraron de las estanterías unos 800 libros de texto, muchos de los cuales trataban temas como la raza, la sexualidad y el género.
El representante Jared Patterson (R-Frisco) celebró la aprobación de nuevas normas para ayudar a las escuelas a cumplir con la ley que patrocinó a principios de este año.
La Ley READER, que Patterson patrocinó, exigiría a las empresas que venden libros a las escuelas que evalúen el contenido sexual de sus títulos y les prohíba venderlos a las bibliotecas escolares.
Una coalición de organizaciones y editoriales ha impugnado la ley, aunque su suerte sigue siendo incierta, y la demanda advierte de que muchos libros quedarán excluidos de las escuelas públicas, muchos más serán vetados y se establecerá un sistema estatal de licencias de libros sin precedentes e inconstitucional.
En cuanto al derecho al aborto, Texas tiene la política más restrictiva del país. En materia de inmigración, acaba de promulgar la ley SB 4, que convierte en delito grave cruzar ilegalmente la frontera y permite la deportación rápida sin el debido proceso.
Grupos de defensa de los derechos civiles presentaron el martes una demanda impugnando la constitucionalidad de esta nueva ordenanza de Texas.
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