402 mujeres y 333 hombres fueron juramentados en la audiencia / SCJ
Santo Domingo – El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, durante una audiencia dedicada a Minerva Mirabal, luchadora de la resistencia democrática, en la que el pleno del Alto Tribunal juramentó a 735 nuevos abogados, dijo que promover la libertad y la dignidad de las personas y protegerlas a cualquier costo es responsabilidad de todos los que creen en la convivencia y el Estado de Derecho. Afirmó que es responsabilidad de todos los que creen en la convivencia y en el Estado de Derecho.
La Presidenta del Tribunal, Minerva Mirabal, pidió a quienes prestaron juramento que dieran ejemplo de lucha democrática.
para establecer una justicia inclusiva y sostenible en el Caribe.
El recuerdo de la lucha por la democracia es especialmente importante hoy en día Es importante recordar la lucha por la democracia, porque a menudo intentamos utilizar los fracasos de este sistema para glorificar una forma anticuada y totalmente inaceptable de la misma”, dijo la Presidenta del Consejo Judicial.
En la audiencia juramentaron 402 mujeres y 333 hombres y el juez Molina reconoció póstumamente a Minerva Mirabal como jurista, en retribución histórica y simbólica a los derechos violados por la dictadura de Trujillo.
Y es que Minerva Mirabal estudió Derecho, completó sus estudios y publicó su tesis, pero nunca fue autorizada a ejercer ante los tribunales. ¿Por qué? Porque era mujer y luchadora.
Recordó que tuvo que esperar hasta noviembre del 2020 para que el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto No 671-20, le expidiera una licencia póstuma para ejercer la abogacía.
‘Hoy me enorgullece ser parte de la restitución de este derecho conculcado al nombrar la ceremonia de juramentación de abogados en honor a Minerva Mirabal y certificar su ceremonia de juramentación póstuma’, dijo Molina.
La jueza Molina también instó a los nuevos profesionales del Derecho a continuar el legado de Minerva Mirabal de abogacía digna y comprometida con la promoción del Estado de Derecho y la dignidad de todas las personas.
La jueza Molina promovió las políticas del Poder Judicial para erradicar la violencia, incluyendo el establecimiento de centros de entrevistas en todos los departamentos judiciales y la ampliación de su alcance a casos de violencia sexual, el desarrollo de una política de igualdad de género y la inclusión de una guía de buenas prácticas para casos de violencia doméstica y familiar. Destacó que el poder judicial ha estado trabajando en una política para erradicar la violencia.
Explicó además que la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia es una respuesta necesaria al drama de la violencia persistente y exige un reconocimiento colectivo de la necesidad de mejorar como país.
Hagamos honor a este legado con esta promesa y cumplamos el compromiso de mejorar el sistema y facilitar el camino a quienes buscan justicia. Permítanme referirme al reto de dialogar con las normas y contribuir a su mejora, pues el derecho y la justicia son esenciales para todos los ámbitos de la vida y para el futuro de la convivencia, dijo.
Durante el acto, la Asamblea General de la Cámara Judicial de la República Dominicana rindió homenaje a tres juezas de la Corte de Apelación, Guillermina Marizan Santana, Yadira de Moya Kunhardt y Elena Bellido Badia de Contreras.
Minerva Mirabal Reyes de Tavares nació el 12 de marzo de 1926 en Ojo de Agua, Salcedo. Fue abogada y activista dominicana, y una de las primeras mujeres en doctorarse en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1957, durante la dictadura de Trujillo. Junto con su hermana María Teresa, Minerva tenía un largo historial de intrigas y resistencia y, al igual que sus maridos, fue encarcelada y torturada en numerosas ocasiones.
El 18 de mayo de 1960, fueron juzgados en Santo Domingo junto con sus cónyuges por poner en peligro la seguridad del Estado dominicano y, tras ser declarados culpables, fueron condenados a tres años de prisión.
Minerva Mirabal fue asesinada el 25 de noviembre de 1960 en La Cumbre, entre Santiago y Puerto Plata, junto a sus hermanas Patria y María Teresa. El crimen fue cometido por agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la carretera Santiago-Puerto Plata.
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