El presidente Luis Abinader «ordenó» la apertura de las investigaciones sobre la muerte de la joven Paula Santana Escalante, quien fue secuestrada, violada, asesinada y su cuerpo encontrado el 21 de febrero pasado dentro de un alcantarillado próximo a la empresa de la zona franca Las Américas, donde laboraba.
Ante la admisión de los fiscales a cargo de la investigación de que carecían de pruebas suficientes para encausar a dos sospechosos por la comisión de ese crimen, el Tercer Juzgado de Instrucción de Santo Domingo Este dictó archivo provisional del expediente y dispuso la libertad de ambos encartados.
El asesinato de Santana Escalante provocó congoja colectiva, pero el archivo de tan horrible crimen causó también gran indignación porque a siete meses de perpetrado las autoridades no han aportado ningún elemento nuevo a la investigación, pese al clamor de la familia y la sociedad para que se identifiquen a los asesinos.
Paula fue secuestrada al salir de su lugar de trabajo por individuos que habrían planificado violarla y quitarle la vida, pero el Ministerio Público ni la Policía han logrado avanzar siquiera un paso en las pesquisas, como si la tierra se hubiese tragado a los homicidas.
Se supone que los fiscales son independientes, razón por la cual no podrían recibir órdenes del Poder Ejecutivo, aunque se colige que el mandatario habría instruido a los cuerpos investigativos de la Policía para que amplíen las investigaciones y logren apresar a quienes asesinaron a Paula.
En lo referido al proceso de investigación penal o criminal, la Policía funge como auxiliar de la justicia y sus acciones en ese ámbito son dirigidas por procuradores o fiscales actuantes, quienes a su vez requieren autorización de un juez para encaminar diligencias investigativas como allanamientos y arrestos.
Lo adecuado sería que en vez de «ordenar» la reapertura de la investigación sobre tan horrendo crimen, el Presidente solicite o sugiera que Policía y Ministerio Público reabran o profundicen las indagatorias a los fines de identificar y someter a la justicia a quienes asesinaron a la joven Paula Santana Escalante.
Aun así, en vez de censurarlo, se acoge el edicto presidencial como una expresión de sensibilidad ante un crimen atroz que malogró la vida de una joven de 23 años, llena de sueños, cuyos familiares y la sociedad toda claman por justicia.
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