En sólo tres años, el grupo nacional de recuperación de activos en casos de corrupción administrativa ha recibido devoluciones por RD$550 millones, además de los RD$60,000 millones que ya planea recuperar. en seis de los 23 procesos penales impulsados por el Ministerio Público, en los que participó como parte civil.
Información proporcionada ayer por el coordinador del artículo del grupo, Dr. Jorge Luis Polanco, quien aclaró que Inmediatamente firmaron un acuerdo, posiblemente con alguien a favor de quien el diputado, en el ámbito de sus competencias, había decidido dar por terminado el proceso penal, informaron al Ministerio de Hacienda y al Consejo Jurídico del Poder Ejecutivo “y todos los recursos están transferidos directamente a la Cuenta Única del Tesoro sin pasar por nuestras manos”, afirmó.
Agregó que Hacienda y el Ministerio de Asuntos Jurídicos deben entregar al grupo un expediente para que puedan saber si los funcionarios de Hacienda y de los dos organismos del Estado están respetando o no sus obligaciones, porque “si no lo hagan, se activarán los mecanismos del Estado para perseguirlos por la vía legal”. »
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En conversación con periodistas que informan sobre la fuente Justicia, el equipo original de 40 y 21 abogados se fue voluntariamente, revelando que el monto facturado por su trabajo será el 15% del monto total recuperado.
“Tenemos capacidad de generar un 15% de ingresos y serán destinados al grupo gracias a los acuerdos internos que cada uno el partido tiene; el 85% es para el Estado”, afirmó Polanco. Este pago no se beneficiará de exenciones tributarias.
El grupo, integrado por decreto, tiene iniciativa propia para investigar y negociar acuerdos en los casos. de carácter civil “sin ’emprender acciones legales específicas’ y, en ese sentido, lo hizo con una serie de imputados a cuyo favor se dio por terminado el proceso penal, pero tenían culpa para poder interponer una demanda civil en su contra. vino a nosotros y nos dijo que no querían continuar con el proceso pero querían devolver el dinero requerido por el Estado, y como esta comisión no tenía como objetivo el cierre, “Por liquidación o transferencia de una empresa tiene la capacidad de honrar o asumir un compromiso, para restaurar un bien patrimonial celebramos acuerdos notariales con él”, dijo Polanco.
Explicó afirman que utilizaron este mecanismo común “porque el acuerdo notarial era exigible permitiendo al grupo acordar con el demandado los pagos mensuales”, y si no cumpliera sin recurrir al tribunal, ese documento constituiría un derecho de propiedad que permitiría al Estado oponerse a cualquier activo descubierto.”
Asistieron Un encuentro con periodistas Además de Polanco, los juristas Rafael Rivas, Manuel Conde y Fernando Henríquez, integrantes del equipo de restauración del patrimonio estatal.
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