En estos casos, dado el carácter actual del poder, los acuerdos entre movimientos ambientalistas y gobiernos, que se supone deben asegurar el mantenimiento del ordenamiento jurídico de las áreas protegidas, sólo es válido llamar aún más al Estado a cumplir y denunciar sus violaciones sin castigo. Le sirvieron al gobierno de Abinader para sumar un […]