Un juzgado de Barcelona (España) ha abierto una segunda causa contra la cantante colombiana Shakira por dos delitos contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía española acusó a la cantante colombiana Shakira de utilizar una estructura societaria radicada en un paraíso fiscal para defraudar a Hacienda más de 6 millones de euros en sus declaraciones de la renta y patrimonio de 2018.
Así se alega en una querella contra Shakira presentada por la Fiscalía española hace tres meses (que ya le fue notificada en su domicilio de Miami), lo que llevó al juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) a abrir una segunda causa contra Shakira por dos delitos contra la Hacienda Pública iniciada.
Shakira será juzgada en la Audiencia de Barcelona a partir del 20 de noviembre por defraudar 14,5 millones de euros al Ministerio de Hacienda entre 2012 y 2014.
En esta ocasión, el Ministerio Público propone en su querella que la artista colombiana declare por videoconferencia como imputada desde su domicilio en Estados Unidos, adonde se trasladó desde Barcelona tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.
Según la querella, Shakira cobró parte de sus ingresos por la cesión de derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo, con la que suscribió varios “contratos simulados”, que se beneficiaron de un tipo impositivo “muy reducido” del 1,39% en el ejercicio 2018.
En concreto, Shakira defraudó al fisco español 5,3 millones de euros en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los ingresos de la gira ‘El Dorado’ de 2018 y la cesión de derechos de propiedad intelectual, y 773.600 euros en concepto de Impuesto sobre el Patrimonio por 12 millones de euros en activos inmobiliarios y financieros de su propiedad
Según la Fiscalía, para defraudar a Hacienda, la acusada utilizó una estructura societaria y presentó una “declaración del IRPF falsa”. Las declaraciones omitían declaraciones de ingresos y deducían gastos no aplicables, reduciendo así el importe de los impuestos a pagar a Hacienda.
Según la querella, Shakira cobró parte de sus ingresos por la cesión de derechos musicales a través de una sociedad establecida en Luxemburgo, con la que suscribió varios “contratos simulados” y se benefició así de un tipo impositivo “muy reducido” del 1,39% en el ejercicio 2018.
A juicio de la Fiscalía, esa sociedad luxemburguesa era una “mera sociedad de intervención a efectos exclusivamente fiscales” que no realizaba ninguna actividad más allá de “intervenciones meramente formales y administrativas”.
Según la querella, Shakira utilizó otra sociedad de papel constituida en España en 2017 para “registrar los ingresos y gastos correspondientes” a su gira ‘El Dorado’, que incluyó 53 conciertos en 22 países.
La querella de la Fiscalía de Delitos Económicos enumera 17 sociedades ‘instrumentales’ radicadas en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York y Liechtenstein, que fueron utilizadas para generar ingresos por sus actividades musicales y para mantener y gestionar activos inmobiliarios y financieros Se alega que las empresas se utilizaron para pagar el mantenimiento y la gestión de sus bienes inmuebles y activos financieros.
Además, la Fiscalía descubrió que Shakira dedujo más de 7 millones de dólares por gastos de la empresa, que en algunos casos se contabilizaron por partida doble y en otros eran pagos de carácter “personalísimo”.
Entre estos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles se encuentran los viajes privados en jet privado -150 483 euros, más los billetes de avión de sus dos hijos y un funcionario de Educación.
Shakira está a la espera de juicio por otra querella por fraude fiscal que interpuso contra ella la Fiscalía en 2018, concretamente. La causa siguió adelante a pesar de que la artista devolvió 17,2 millones de euros a la Agencia Tributaria, la cantidad presuntamente defraudada más intereses, al conocer que estaba siendo investigada.
En el proceso, la fiscalía pide para la cantante colombiana una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones. El pasado mes de julio, ella se negó a llegar a un acuerdo con la fiscalía y decidió impugnar el caso. Aún está a tiempo de llegar a un acuerdo con la fiscalía, que incluye al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria catalana, antes del momento en que se siente en el banquillo de los acusados. (EFE)’.
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