Santo Domingo.-La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció la importancia de las municipalidades en el control territorial y el registro de personas en sus demarcaciones y dijo que todas las alcaldías, conforme a las normas, deben registrar el ingreso de ciudadanos en sus demarcaciones.
El tema fue abordado durante la 23ª Asamblea General de Municipios 2024, donde la funcionaria también destacó la organización de bandas criminales que afectan la seguridad de los habitantes de este país y que por esta razón, el gobierno enfatiza en el control.
La ministra resaltó que este proceso es esencial para que el Estado tenga control sobre la dirección del impacto de la migración y afirmó que todas las políticas estatales son definidas por el presidente de la República y que, como ministra, debe implementarlas.
Subrayó que es indispensable prever que cualquier situación de ilegalidad no debe ser mantenida, tal como lo establece la Ley de Migración, y que ninguna autoridad puede prohibir a un Estado soberano ejecutar lo que la Constitución estipula.
Añadió que la situación de Haití constituye una amenaza para la seguridad nacional dominicana y que por tanto se ha realizado un trabajo coordinado con todos los estamentos y autoridades, que existe un despliegue significativo de las fuerzas para mantener el orden en el conjunto del territorio nacional.
En su intervención, Raful señaló la necesidad de abordar el tema del flujo migratorio de manera organizada, con respeto a los criterios establecidos para la evaluación de las personas que ingresan a República Dominicana.
Por otro lado, Raful indicó que desde el ministerio manejan todas las políticas públicas, que abarca desde la seguridad ciudadana hasta cuestiones migratorias. Además, mencionó que han promovido la creación de la Dirección de Prevención Irregular de la Propiedad Pública, para abordar y gestionar los conflictos derivados de la migración.
La Ley de Ordenamiento Territorial, impulsada desde el Senado, tiene como propósito fortalecer la gestión de los gobiernos locales y de los ayuntamientos, puesto que establece claro que la normativa debe determinar el uso de los suelos, respetar la planificación y el desarrollo previstos.
Raful indicó que establece mecanismos para regular y supervisar los movimientos migratorios, lo que asegura el cumplimiento de las leyes, para proteger a los ciudadanos de aquellos que ingresen al país con intenciones delictivas o antecedentes penales, y garantizar así la seguridad de la nación.