NUEVA YORK.- Los dominicanos de esta ciudad hicieron un llamado al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, colocó la audiencia en el corazón del pueblo dominicano con la Regla 1-24. Señalan que esta ley es atroz porque viola una serie de derechos fundamentales, con el único objetivo de silenciar a la prensa, que no puede proteger a sus fuentes. Señalaron que dicho proyecto no fue debatido por los partidos políticos, ni por la sociedad civil, ni escuchado públicamente, y fue aprobado el 30 de diciembre, mientras los legisladores estaban desbordados de espíritu navideño y rápidamente partían hacia sus respectivas provincias.
Dijeron que fue un golpe fuerte. El obispo de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, llamó a las autoridades a prestar atención a la ambigüedad de algunas disposiciones. Declaró: No podemos revertir las conquistas que se han logrado en esta zona.
Asimismo, el Consorcio de Empresas de Comunicaciones y Tecnología (Comtec), la Coalición Dominicana Anticorrupción (Adocco) y la Fundación Periodismo han advertido sobre los peligros que trae esta ley. La Fundación para la Justicia y la Transparencia (FJT) califica esta ley sobre la dictadura del presidente Abinader, el mayor error legislativo en la historia de RD, un error y un ataque a la libertad de expresión y prensa. Además, la violación de la privacidad, el honor, la reputación y la propia imagen de las personas, todo lo cual desafía la Constitución, puede utilizarse para un estricto control político, digital, de la sociedad y de los medios de comunicación hacia quienes se oponen al régimen actual, afirmó FJT.
Los quisqueyanos dicen que esto es un ataque a los artículos 5, 6, 7, 8, 38, 69 y 78 de la Constitución dominicana: Ver = file:///C:/Users/19178/Downloads/stitution-of-the-Dominicana República-2010 (1).pdf. El artículo 11 de la mencionada ley establece: todos los organismos estatales, organizaciones privadas o personas naturales, sin perjuicio de los procedimientos legales para proteger y garantizar la intimidad y el honor de las personas, deben proporcionar al Servicio de Inteligencia Nacional toda la información que necesiten. sobre los cuales existan datos o conocimientos sobre asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.
El artículo 26 establece sanciones penales, como prisión de dos a tres años y multas de nueve a 15 salarios mínimos del sector público, para quienes oculten información a solicitud del DNI. Entre los firmantes se encontraban el periodista William Jiménez; Yenny Gómez, autora de esta columna; Luis Alfredo Collado y Román Polanco; Jaime Vargas, sociólogo; Ismael Alcántara, abogado; Mélida de Jesús y Andrea Marmolejos, egresadas; Dayanara Borbón y Radhamés García, activistas comunitarios. Asimismo, Félix Jerez, presidente federal estadounidense del PDI; Luis Ferreira, presidente de BIS-NY; Luis Lithgow, presidente del PLD-NY; Carlos Feliz, presidente de FP-NY; José Torres, Carlos Álvarez y José Ml.
Ruiz, taxista; Clemente Sierra y Alberto López, docentes; Milcíades Domínguez y Héctor Martínez, comerciantes. También están Sofía Báez, Sudelka Luna, Ingrid Madera y Nancy de Hernández, amas de casa. También estuvieron presentes los ciudadanos Stalin Rosario, Ángel Liberato, Meregildo López, Nelson Duarte y Octavio Borges, entre otros.
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